Contratos de Protección


Colaborador Invitado.
Francisco Velasco Zapata


En este espacio hemos dado cuenta de varios de los latrocinios que han cometido y siguen cometiendo los "eternos" dirigentes sindicales que -más que dirigentes- actúan como propietarios de un franquicia que el gobierno les otorga para hacerlos cómplices del retroceso que muchas veces ha implicado la firma de acuerdos o negociaciones que atentan contra los derechos y conquistas laborales. Por ello en esta ocasión nos referiremos a los tristemente célebres "contratos de protección". Al respecto vale la pena destacar que la razón principal por la cual las cosas han operado de esa manera es porque el gobierno da o quita el "registro" o "toma de nota" de quien representa legalmente a un sindicato o federación de sindicatos.
 
Los contratos de protección son posibles gracias a las anacrónicas prácticas del corporativismo sindical, como la ausencia de transparencia, la falta de democracia interna, la sumisión frente al Estado (régimen), la corrupción y el clientelismo que ha sobrevivido en la denominada etapa de la "alternancia" del poder en la "Presidencia de la República". Efectivamente, este control corporativista se ha ido robusteciendo mediante un proceso camaleónico que ha permitido a los "eternos" dirigentes sindicales que otrora sirvieron al PRI, ofrecer sus "amables y finos servicios" al régimen en turno. Perviven en un nuevo contexto político, donde el modelo económico neoliberal instaló -tras la crisis económica de 1982- una política de "Estado" (sobre todo económica) que se ha distinguido por la reducción de subsidios, la privatización de empresas públicas, el "adelgazamiento" del Estado (pero no el de los funcionarios del gobierno) y la liberalización del comercio. Los efectos en el mercado laboral han sido: el ajuste en la producción para la competitividad, contratos colectivos flexibilizados en favor de los grandes empresarios, con lo cual la posición de los sindicatos se ha venido debilitando progresivamente. Ello ha provocado el enorme crecimiento del sector informal y, consecuentemente, los puestos de trabajo sin representación sindical.
 
Los "contratos de protección" han sido posibles, también, al papel de apéndices del Estado (régimen) que los sindicatos "corporativistas" han asumido como protectores del gobernante en turno, en lugar de actuar como defensores de los intereses legítimos de los trabajadores. En ese sentido "los contratos de protección" son un claro ejemplo del México autoritario. El uso de estos es muy común en los sindicatos "corporativistas" y "blancos". Su característica principal consiste en que son "contratos colectivos simulados", pactados a puertas cerradas entre un patrón, un "seudo dirigente" sindical y un abogado laboral. Sirven exclusivamente a los intereses del patrón ya que, con el aval de la Secretaría del Trabajo, evitan que un sindicato auténtico exija la representación de los derechos de los trabajadores.
 
De acuerdo con la historiadora Svenja Blande aunque no existe un tipo único de contrato de protección, "todos comparten tres características: se firman entre representantes sindicales y patronales sin que la mayoría de los trabajadores intervenga; son suscritos por sindicatos no elegidos democráticamente y se administran y revisan sin consultar a los trabajadores. (..) Todos los casos revelan la falta de libertad y autonomía sindicales, las prácticas internas sindicales antidemocráticas y la ausencia de una conciencia de responsabilidad social por parte de las empresas. Hoy, en México, estos contratos representan cerca de 80% de la totalidad de los contratos colectivos. (…) y es sobre todo en el sector industrial y de la maquila, informal o dominado por los sindicatos corporativistas donde persisten" (Cfr. "el sindicalismo mexicano: entre la marginación y la recomposición", Revista Nueva Sociedad, No. 211, septiembre-octubre de 2007).
 
Por todo lo anterior es que resulta imprescindible que la ciudadanía haga conciencia de lo que ocurre en nuestro país y su economía -la del país y la familiar-. Es tiempo de impulsar la modernización del movimiento sindical de carácter autónomo, independiente, democrático y solidario que luche por un mejor sistema de seguridad social que dignifique a los trabajadores y sus familias. Por ello los legisladores federales deberían incluir en la olvidada agenda de "Reforma del Estado" presentar la iniciativa para una "Ley de responsabilidades de dirigentes sindicales". ¿No cree usted?



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